Durante la llamada Segunda Revolución Industrial, el mineral de hierro fue muy demandado por las potencias industriales europeas. Su exportación registró una fuerte expansión a partir de los años 70 del siglo XIX convirtiéndose en la principal mercancía exportada, en términos de volumen, por los puertos españoles desde 1870 en adelante. Así, entre 1891 y 1900 se exportaron unos 60 millones de toneladas de mineral de hierro que representaron el 67% del total de las exportaciones nacionales.
La mayor parte del mineral exportado durante el siglo XIX fue vizcaíno, alcanzando el 75% del total nacional durante las dos últimas décadas del siglo. El resto del mineral procedía de Cantabria, Murcia y Almería. Los principales consumidores de este mineral eran Gran Bretaña, Alemania y Francia, siendo los británicos los que absorbían casi las ¾ partes a finales del siglo XIX.
La creciente demanda de mineral de hierro provocó el incremento de su precio e hizo interesante la explotación minera en yacimientos situados en el interior de la península, hasta entonces sin actividad debido a los altos costes del transporte. En 1889, un informe acerca de la viabilidad de la explotación de las minas de Ojos Negros concluía que su coste en puerto podría ser de 5 pesetas por tonelada, con un desglose de 1,52 pesetas por el mineral y 0,015 pesetas por kilómetro de transporte.
En este contexto, el 7 de agosto del año 1900, Ramón de la Sota y Llano junto a su primo Eduardo Aznar de la Sota, acuerdan, en Ojos Negros (Teruel), el arrendamiento de las minas de la sierra Menera a Echevarrieta y Larrinaga por 60 años. Para ello, constituyen en Bilbao, el 3 de septiembre de 1900, la Compañía Minera de Sierra Menera. Este acuerdo incluye la obligación de construir un ferrocarril y un puerto de embarque afectos a la explotación de las minas con capacidad de, al menos, 500.000 toneladas anuales. Sin embargo, el objetivo final era crear una nueva industria siderúrgica en el Mediterráneo mediante la construcción de hornos altos de fundición de hierro.
Las ciudades de Valencia, Castellón, Burriana y Vinaroz pugnaron por conseguir que el embarcadero se instalara en sus puertos. Finalmente, fue la playa de Sagunto la seleccionada para su construcción, ya que constituía el mejor trazado ferroviario posible.